Moción - Cambio de denominación Plaza Juan Carlos I
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
Don. MIGUEL SARO DÍAZ, concejal de Unidas por Santander y del Grupo Mixto en el Ayuntamiento de Santander, al amparo de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento Orgánico del Pleno, la MOCIÓN que se expresa al final de este escrito, fundada en lo siguiente:
I.- Asistimos estos últimos tiempos, algunos con estupor, otros con la paciencia ya agotada por el descrédito del personaje y su figura jurídica y política, a la revelación de hechos atribuidos al anterior Jefe del Estado que, de ser ciertos supondrían la comisión de delitos muy graves.
Los más recientes proceden de las revelaciones de la supuesto testaferro de una cuenta en la que el exmonarca escondió importantes sumas al fisco español, y que recibió diversas donaciones de gobiernos de países árabes, entre otras, una especialmente cuantiosa de 100 millones de dólares (65 millones de euros) donados al monarca por la casa real de Arabia Saudí. La Fiscalía del tribunal Supremo suizo considera ese abono como el primer escalón en un rastro más amplio de comisiones que vincula con la construcción del AVE a La Meca tras declarar el abogado Dante Canónica que el hoy Rey emérito le encargó «crear una estructura» para transferir una «importante donación» que iba a recibir del rey de Arabia Saudí. La cuenta se cerró, según la información que ha ido comunicando el fiscal suizo Bertossa, después de que se efectuara una transferencia por la cantidad total a una cuenta de Corinna Larsen en Bahamas (justo después de un accidente sufrido mientras mataba elefantes en Botswana). El actual monarca Felipe VI es beneficiario en las fundaciones presuntamente utilizadas por su padre para cobrar comisiones -Lucum y Zagatka-, y se apresuró a renunciar ala herencia de su padre una vez se conoció estas investigaciones por la fiscalía del TS. Un hecho llamativo, puesto que no tiene ninguna trascendencia jurídica al no poder renunciarse a la herencia de un vivo en el derecho español.
La Fiscalía de la AN ha iniciado diversas investigaciones relacionadas con dichas investigaciones colaborando con la fiscalía suiza, hasta ahora archivadas pro el TS debido a que dichos hechos ocurrieron durante el ejercicio como monarca de Juan Carlos de Borbón, hasta junio de 2014, periodo durante el cuál estaba sin ahondar en detalles sobre su vida privada que no vienen al caso, lo cierto es que los comportamientos de la vida del monarca emérito y de su familia no ha sido un espejo de virtudes. Podríamos decir, sin exagerar, que la Casa Real es un ejemplo de manual de psicología de familia disfuncional.
II.- De acuerdo con el artículo 56.3 de la Constitución: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2”.
Acostumbra a entenderse esta inviolabilidad como un residuo del principio monárquico en virtud del cual el Jefe del Estado está por encima de los poderes del mismo. El poder judicial no podría entrar a enjuiciar los actos del Rey, puesto que éste está por encima de todos los poderes del Estado.
Algunos juristas consideran que esta interpretación del artículo 56 no es acorde con el resto de texto constitucional, por lo que sostienen que la inviolabilidad de la persona del Rey tan sólo se extendería a aquellos actos cuya naturaleza requiera el refrendo del Presidente del Gobierno o de los Ministros, no gozando de tal protección aquellos actos que no guardaran relación con sus funciones como jefe del Estado. No es este un criterio doctrinal mayoritario en nuestro país: la Sala de lo Civil del Supremo ha resuelto sobre acciones civiles ejercidas sobre el monarca que en la ley aprobada por el Gobierno tras la abdicación de Juan Carlos I, y por la que se fijó su aforamiento ante el Alto Tribunal, dando por supuesto la subsistencia de la inviolabilidad del Rey abdicado por todos los actos realizados “durante el tiempo en que ostentare la Jefatura del Estado, cualquiera que fuera su naturaleza”
El debate sobre las garantías de indemnidad o privilegios procesales de algunos cargos públicos y su aforamiento está presente desde hace décadas en nuestro país. La totalidad de los cargos públicos que disponen de aforamiento o algún tipo de inmunidad por expresiones realizadas en el ejercicio de su función representativa finalizan cuando cesan como cargos públicos. En el resto de estados de nuestro entorno, las cabezas que han ido elegidas para ejercer las más altas funciones representativa también ven extinguidas estas garantía al finalizar su magistratura. Recientemente, el propio expresidente de la república francesa, Nicolás Sarkozy, fue procesado y será juzgado por un tribunal ordinario por diversos delitos presuntamente cometidos durante su mandato.
El caso del cabeza de la casa Borbón en España y del monarca en ejercicio no es así. El segundo mantiene todos los privilegios descritos anteriormente en la constitución, y para el primero, tras la abdicación, se diseñaron con urgencia unas medidas que le permitieran vivir cómodamente y con el mayor resguardo jurídico frente a investigaciones por hechos cometidos durante su ejercicio como monarca, manteniendo el título de rey y gozando de aforamiento en el Tribunal Supremo.
Mientras los juristas discuten si durante su ejercicio como monarca, el ciudadano Juan Carlos de Borbón pudiera haber entrado en cualquier de nuestras casas y dispararnos mientras dormíamos, sin responder de ninguna forma por dichos hechos, o si al contrario podría ser procesado por los mismos, este concejal considera que en nuestra ciudad podríamos tener un pequeño gesto de dignidad para no relacionar a Santander con tan dañino personaje.
III.- Desde luego, uno de lo objetivos de las fuerzas políticas que componen la coalición Unidas por Santander es hacer una consulta ciudadana sobre la forma de estado para cambiar esta de monarquía a república. Pero este no es el objetivo de esta propuesta de resolución, sino uno más modesto.
La ciudad de Santander ha pretendido durante los últimos 110 años de historia tener una relación especialmente estrecha con la familia Borbón, quienes veranearon en nuestra ciudad entre los años 1912 y 1930. Para estos se construyó y regaló el palacio de la Magdalena, recuperado -previo pago de su precio a sus dueños- en 1977, y que tras ser rehabilitado es usado por todos los santanderinos.
Prueba de esta especial relación son los nombres de algunos monarcas de esta familia que pueblan los nombres de nuestras calles y plazas. Uno de estos alardes cortesanos fue el cambio de denominación de la popular ‘Plaza del Reenganche’, llamada así porque desde mediados del siglo XIX hubo en esta una oficina de reclutamiento. El Ayuntamiento de Santander tuvo a bien convertirla hace casi 30 años en la Plaza de Juan Carlos I, monarca que entonces era, gracias al lavado de cara que le hacía la mayoría de la prensa, ‘el Campechano’ y no ‘el Agradecido’ o ‘Afortunado’ poseedor de millonarias cuentas opacas nutridas de millones del dinero saudí por servicios realizados a estos estados del golfo, probablemente en perjuicio del propio estado español.
El actual Reglamento de Honores y Distinciones municipal no permite otorgar nombres de valles o plazas a personas vivas. Es de justicia aplicar este criterio al nombre de una persona no solo viva, sino ‘muy viva’; o bien, y dicho en términos prudentes y considerados, a un auténtico golfo que se ha aprovechado de forma deshonesta de las enormes prerrogativas y privilegios que el ordenamiento jurídico le ha otorgado.
Por todo ello, el grupo municipal de UNIDAS POR SANTANDER-IU propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO por el cual:
Se inicie por el servicio de cultura municipal el expediente para el cambio de denominación de la actual Plaza de Juan Carlos I en el callejero de Santander para volver a tener el anterior nombre de ‘Plaza del Reenganche’ u otro que considere la corporación.
